- En situaciones especiales, hay violencia sexual, como en el caso de Atenco.
- El Estado mexicano debe combatir y prevenir este delito de manera urgente.
- La Comisión de los Derechos Humanos mexiquense no investiga la tortura.
La
tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes se encuentran
universalmente proscritos a través de la ratificación universal de los
diversos instrumentos internacionales que la prohíben, por lo que el
Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” solicitó al gobierno
mexicano a combatir y prevenir este delito de manera urgente.
José
Antonio Lara Duque, abogado del colectivo, solicitó al gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecer el número de servidores
públicos --y a través de qué instrumento se puede invocar-- que
“certifiquen” tratos degradantes o tortura.
“Es
oportuno ofrecerle a las víctimas —y sus familias— certeza para
contrarrestar y castigar a quienes hacen uso de estas acciones ilegales,
simplemente para “sacarle” una confesión a modo; delitos que, por
cierto, violentan los derechos humanos”, explicó.
El
abogado del colectivo afirmó que en las naciones más incipientes en la
materia, ofrecen garantías a sus respectivas poblaciones a vivir libre
de tortura, en un sin número de contextos, de manera particular contra
las acciones que generan los propios agentes del Estado.
Lara
Duque recordó que en el marco jurídico nacional existen incipientes
indicadores que garantizan el derecho a ser libre de tortura, por
ejemplo, “una versión destilada de los conceptos”; “tortura” o “tratos
crueles, inhumanos o degradantes”, que, por citar un ejemplo, la
comisión que “defiende” los derechos humanos en la región mexiquense no
investiga este delito, por esta “ambigüedad”.
“La
inercia estadística impone que los indicadores tenderán a construirse
con la información existente, en virtud del costo y dificultad de crear
nueva información ad hoc. Las decisiones que
median entre el fenómeno y la construcción de un indicador, pasan
también por el objetivo explícito de crear conocimiento científico,
mismo que no ocurre, lamentablemente, en el país”, dijo.
El
Estado mexicano ha recibido diversos llamados sobre malos tratos y
tortura que han consistido en golpes con la mano abierta, golpes y
golpizas con los puños, rodillazos o puntapiés, así como golpes con
armas de fuego.
En
casos de personas privadas de la libertad, las víctimas refieren haber
sido inmovilizadas o esposadas; uso prolongado de las esposas en
diversas posiciones; amenazas; torsiones de extremidades superiores; o
privación de agua o comida. Por mencionar algunos “malos tratos o tratos
degradantes”.
“El
abanico de atrocidades, que incluso ha constatado la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en nuestro páis, son responsabilidad en buena
parte de los agentes estatales, que incluyen a sus víctimas en violencia
sexual en situaciones de conflicto armados; por ejemplo el caso de
Atenco, vivido en el estado de México”, dijo.
Por
eso, es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador
responda por esta inacción de su administración, por una parte, la falta
para combatir esta práctica, y por la otra, la inacción en administrar y
garantizar diligencias pulcras e inmediatas para evitar que se cometan
estos delitos de manera sistemática, como se comenten en esta época.